Madrid, España
Desde que España ratificó, en el año 1990, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño1 (CDN) uno de los principales problemas que se ha planteado para el seguimiento de su aplicación ha sido disponer de datos que permitan tener una información precisa acerca del grado de cumplimiento de los derechos de nuestros ciudadanos más jóvenes.
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